Problemas y deficiencias en la protección del patrimonio histórico-arquitectónico en México.

Una reflexión a partir de un caso reciente en Aguascalientes

Para citar este artículo: Gerardo Martínez Delgado, "Problemas y deficiencias en la protección del patrimonio histórico-arquitectónico en México. Una reflexión a partir de un caso reciente en Aguascalientes", 2001, tomado de: http://historiaurbanagmd.blogspot.com

El presente trabajo surge en medio de una coyuntura difícil para el patrimonio histórico edificado de la ciudad de Aguascalientes. A mediados de marzo de este año el gobierno municipal de esa capital inició una serie de intervenciones en lo que se conoce como Centro Histórico, bajo el supuesto de solucionar el grave problema de tráfico que se ha vuelto verdaderamente caótico en esta área.
El proyecto municipal inició con trabajos de demolición de fincas en tres cuadras de la calle Dr. Jesús Díaz de León, la primera estaba ocupada por el local abandonado de un viejo cine que perdió su vigencia con la llegada de los conjuntos cinematográficos en la década de los ochentas y noventas. En las siguientes dos cuadras se localizaban dos casas habitación construidas en el siglo XVIII y otras más de cierto valor arquitectónico levantadas ya en el siglo XX.
Con algunos meses de anticipación, la administración municipal panista sostuvo encuentros con la delegación local del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la búsqueda de que se le otorgara la autorización para derribar las fincas mencionadas, lo que implicaba no solamente violar la ley por la demolición de fincas catalogadas, sino que además representaba alterar sensiblemente la traza histórica de esa calle, lo cual es igualmente protegido por las leyes internacionales, y de un gran valor histórico.
A decir del Presidente Municipal y sus colaboradores en las áreas de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, el proyecto era necesario por lo menos por tres razones: porque algunas de las casas en cuestión estaban abandonadas y con un alto grado de deterioro; porque en general esa calle y esa área habían perdido viveza y en las noches quedaba prácticamente desierta, y en tercer lugar, aunque en realidad era uno de sus argumentos principales, la ampliación de esa calle permitiría una mayor fluidez en el tránsito de los vehículos, evitando los continuos embotellamientos.
El INAH decidió estudiar la propuesta, valiéndose del punto de vista de expertos locales en la materia y de análisis de varios factores, y tras un largo y tenso período decidió dar luz verde al proyecto municipal.
Como era de esperarse la decisión produjo reacciones encontradas. Los opositores, que en realidad eran (mos) los menos satanizaron la labor del delegado estatal del INAH, y los que estaban a favor, que tampoco eran muchos, prácticamente las autoridades municipales, algunos habitantes que estaban poco enterados del valor histórico contra el que se estaba atentando, y algunos personajes de la prensa, que aplaudieron la medida que desde meses anteriores habían clamado por que se llevara a cabo.

Algunas semanas después de que iniciaron los trabajos en la mencionada calle Díaz de León, el Presidente Municipal reanudó las pláticas con el Delegado Estatal del INAH, esta vez con la intención de que se le autorizara la demolición de una finca más en la calle Miguel Hidalgo, ubicada también en la zona centro, y muy cercana a la Díaz de León.
Los argumentos presentados en esta ocasión eran aún más frágiles, pues sólo se hablaba de ampliar la vialidad para mejorar el tránsito de los vehículos.
El INAH se negó en todo momento a que las acciones se realizaran, ante lo que el Presidente Municipal, indignado, reaccionó en dos sentidos para presionar y lograr su proyecto: demolió una casa contigua a la finca en cuestión, a pesar de que era considerada por los especialistas en arquitectura como una muestra muy importante y única del Art-Déco en Aguascalientes, edificada en la primera década del siglo XX, aprovechándose de que el INAH no tenía injerencia en ella; y por otra parte, acudió directamente, brincándose la autoridad del Delegado Estatal, a la Dirección General del INAH en la ciudad de México.
Después de varias semanas en las que se sostuvieron estos acercamientos, en los que el INAH local trabajó en la búsqueda de argumentos sólidos para evitar la demolición, y de que incluso varias organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la acción, el Director General del INAH determinó otorgarle la libertad a la Presidencia Municipal de ejecutar la acción, declarándose incompetente de proteger la finca, “por estar fuera del perímetro de protección del Centro Histórico”, por “no tener elementos arquitectónicos únicos o relevantes”, y “por no tener valor histórico”.
Así pues, en ambos casos la Presidencia Municipal logró eliminar los obstáculos legales y de sentido común que se le presentaron, y en ambas arterias demolió fincas históricas y alteró la traza histórica.
Esta sería de alguna forma la historia oficial, la relación de hechos, pero atrás de todo eso estuvieron presentes intereses muy concretos del Presidente Municipal y una falta de planeación y seriedad muy graves.
Analicémoslos por partes:

A nivel personal, aunque no soy el único que lo sostiene, no me queda la menor duda de que las demoliciones llevadas a cabo por la Presidencia Municipal de Aguascalientes fueron arbitrarias y movidas por intereses políticos, económicos y hasta familiares muy concretos del Presidente Municipal, quien vale la pena señalar, es hijo de quien ocupara idéntico cargo hace 25 años bajo el cobijo del Partido Revolucionario Institucional.
En primer lugar, las acciones tienen un claro tinte político, pues fueron llevadas a cabo en el último año de su gestión, tiempos comunes para el lucimiento y para realizar obras vistosas que a los ojos de la gente hagan olvidar los errores o la falta de actividad en los dos años anteriores. En el caso particular de nuestro Presidente Municipal, claramente ha manifestado sus aspiraciones ha convertirse, dentro de 3 años, en el segundo Gobernador panista del Estado.
Mientras esto escribo se discute en el Congreso del Estado la posibilidad de aprobar un endeudamiento estratosférico para las capacidades del Municipio, que se aplicaría, a propuesta, casi exigencia, del Presidente Municipal, para terminar las obras que ha emprendido, entre las que sin duda requieren más presupuesto son en las de las mencionadas arterias.
Así pues, como es costumbre en todos los niveles de gobierno en nuestro país, impulsos políticos y nula planeación son bajo los que se explican estas acciones.
Junto a los intereses políticos se mezclaron directamente en este caso los intereses económicos y familiares. Por años, tíos y primos del Presidente Municipal intentaron de una y otra manera adquirir la casa que databa del siglo XVIII construida en la esquina de las calles de Hidalgo y Juan de Montoro, con el fin de ampliar el enorme local comercial que tienen adjunto. Así, lo que no pudieron hacer por la vía del trato legal con el propietario de la finca, lo lograron mediante la acción institucional bajo el disfraz de “necesaria ampliación de la calle”
En este caso, además del apoyo familiar, recompensó la Presidencia generosamente al negociar la compra de la casa a un sucesor político del propietario original y socio de la negociación mencionada, con unos amplios terrenos de precio varias veces superior al de la construcción.
Por los argumentos expuestos, que son absolutamente comprobables, el Presidente Municipal me llegó a calificar de mentiroso, con un tono burlesco y entre risas nerviosas. Igualmente se me podría acusar de ligereza y de exaltación; por lo que recurro a argumentos legales y sobre el valor perdido a raíz de las obras.

Entre los expertos en protección del patrimonio edificado más pragmáticos existe la idea de que la destrucción de obras de esa categoría se justifica en el caso de que represente beneficios mayores a los perjuicios que causa, o en su caso que alguna circunstancia haga imprescindible la acción.
En los dos casos que hemos venido refiriendo no se justificaba de ninguna manera, y aquí retomo los 3 argumentos fundamentales dados por las autoridades municipales: recuperar la viveza de esa área del Centro Histórico; porque había casas en un lamentable estado de deterioro; y porque se mejoraría considerablemente el flujo vehicular y el espacio de tránsito para el peatón.
La mejoría en el flujo vehicular lograda por la ampliación de vialidades en los Centros Históricos es un sofisma que ha sido utilizado con impresionante frecuencia en muchas partes del mundo. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que entre los investigadores serios del tema se despejaron las dudas de su inutilidad y de su eficacia sólo en el corto o a lo mucho en el mediano plazo.
Esto además porque las decisiones gubernamentales, casi siempre sin perspectiva histórica ni visión de futuro, ni elementales planeaciones, en estos casos va muy seguido acompañada de autorizaciones para abrir amplios estacionamientos en la zona central (los cuales por cierto casi siempre son “acondicionados” en lotes donde se levantaban construcciones de mucho valor histórico; y los ejemplos se deben contar por cientos en todo el país).
Estas medidas, como se deduce sencillamente con un poco de lógica, favorecen una mayor afluencia vehicular en el centro, primero porque se insiste en concentrar las oficinas gubernamentales, los colegios y el comercio en esta zona, y después porque al otorgar cajones de estacionamiento se promueve la entrada del automóvil por calles anchas que a la vuelta de unos meses o unos años son, una vez más, incapaces de dar cabida a cientos de automóviles que se conglomeran provocando enormes caos viales.

Por otro lado, los otros dos supuestos de recuperación de viveza y destrucción de casas abandonadas en lamentable estado de deterioro, evidentemente no son razones de peso ni necesarias para demoler casas históricas y alterar la traza. Los motivos son genuinos, pero no es ni la única ni la mejor forma de mejorar la situación. Incluso la administración municipal se contradice así misma al sostener esas ideas, pues desde sus inicios promovió un Programa de restauración de construcciones históricas del Centro Histórico (por cierto llevado a cabo también bajo criterios muy dudosos) en el que desde luego pudo y debió haber inscrito las por lo menos 3 casas con alto valor histórico.

Como parte de las obras de ampliación, y con motivo de celebrar el 426 aniversario de la fundación de la Villa de Aguascalientes, se tiene contemplado construir en esa arteria la Plaza de los Fundadores, en el lugar que mencione al principio que ocupó una sala de Cine, y que antes, durante el Porfiriato, fue ocupado por el famoso Hotel Washington.
La construcción de esta Plaza desde luego que no sobra, es un lugar que podrá ser útil y agradable para la gente que visite el Centro, no se niega que podrá imprimirle viveza al área y ser un espacio amplio para el peatón de descanso y de esparcimiento. El problema en este caso fue que al momento de derribar el Cine, fue hallada, casi intacta la fachada principal del Hotel, con 5 arcos labrados en cantera en cada uno de sus dos pisos. Las autoridades municipales decidieron, sin consultar a nadie, ni obtener la autorización correspondiente del INAH, de manera totalmente arbitraria, destruir el segundo piso, y emprender una supuesta restauración en el piso inferior, en la cual remplazaron en su totalidad la cantera y modificaron a su capricho los diseños que tenían.

Según lo expuesto hasta aquí, el patrimonio histórico arquitectónico de Aguascalientes fue sensiblemente menguado con acciones municipales en dos arterias del centro histórico de la ciudad. El problema mayor es que se realizaron sin planeación profesional y haciendo oídos sordos a las voces autorizadas en la materia, e incluso saltándose la ley, llevándose a cabo bajo móviles políticos y económicos muy concretos del Alcalde de la ciudad.
Además, las obras no se justifican de ningún modo, pues a más de no redundar en beneficios reales, si provocaran perjuicios mayores a mediano plazo.
Pero hay otro lado que es indispensable analizar en este caso, y que es de crucial importancia para la protección del patrimonio en todo el país.

Desafortunadamente hay lagunas inmensas en las leyes de las instituciones protectoras, en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con frecuencia existen graves omisiones o negligencias por parte de sus autoridades.
En primer lugar esta institución no tiene la fuerza legal, ni los recursos suficientes para hacer valer su autoridad, sobretodo cuando la contraparte es un poder municipal, y no se diga gubernamental o federal.
Además, los recursos materiales y humanos son casi siempre insuficientes para llevar a cabo plenamente las labores de su competencia.
Para ejemplificar este tipo de omisiones y deficiencias en las leyes de protección del INAH tomaremos el caso de la calle de Hidalgo, donde se demolió la casa que estaba justo en la esquina de esta calle y la de Juan de Montoro.
El documento legal mediante el que se llevó a cabo la citada destrucción de la casa fue un comunicado firmado por el delegado estatal del INAH, en el que NO Autorizaba, sino que declaraba que la institución carecía de facultades para proteger la finca, por lo que dejaba en manos de la Presidencia Municipal la decisión de conservarla o destruirla, aunque aconsejaba la primera opción.
¿Porqué carece de facultades de protección si esa es su función primordial? Se señalaron varios puntos: la casa estaba ubicada fuera del perímetro de protección del centro histórico, el cual fue determinado por la propia institución de manera más o menos arbitraria. En segundo lugar, la casa no era – a decir del INAH – de gran valor histórico, a pesar de que un grupo de compañeros de la carrera de historia identificamos los documentos que avalaban su existencia, por lo menos, desde 1795, aunque de acuerdo a lo que se infiere de esos mismos testimonios, debió ser construida entre los años 50 o 70´s del siglo XVIII.
Al parecer, a pesar de que dichos documentos se hicieron llegar a tiempo, no fueron considerados en el dictamen final elaborado por la institución, y sólo fueron analizados documentos de la segunda mitad del siglo XIX, aunque, cabe señalar, ellos bastaban para que la finca fuese considerada histórica.
Por otro lado, el mismo dictamen aseguraba que la finca no había sido habitada por ningún personaje relevante de la vida de Aguascalientes o del país, argumento contradicho nuevamente por los documentos y una investigación que se llevo a cabo, la cual indicaba claramente que si bien no fue un personaje de gran talla, si la habitaron en distintas épocas varios de los más distinguidos comerciantes de la localidad, un eminente presbítero, miembro de la élite económica y política de la ciudad a principios del siglo XIX, y un cuñado de don Jesús Terán Peredo, gobernador del estado en 1855 y enviado por el gobierno de Juárez a Europa a realizar labores diplomáticas e impedir la venida de Maximiliano de Habsburgo.
Un argumento más señalado enfáticamente en los análisis del INAH aseguraba que la casa carecía de valor arquitectónico e histórico por haber sufrido con el paso del tiempo múltiples intervenciones, lo cual en apariencia era cierto, en parte porque la fachada fue modificada en los años 40 del siglo XX, pero en realidad se había respetado su estructura, como también lo demuestra la confrontación de un croquis del estado que guardaba antes de ser demolida con los documentos obtenidos en los libros de protocolos notariales del Archivo Histórico de Aguascalientes.
La Presidencia Municipal agregó a estos argumentos de dudosa rigurosidad, que la finca no estaba registrada en el Catálogo de Monumentos Históricos de la ciudad hecho por el INAH, lo cual era falso, pues si estaba considerada, lo que no existía, efectivamente, era la investigación completa de sus raíces históricas, sino sólo un levantamiento realizado por arquitectos de la institución, en el que se realizó un croquis y se hicieron algunas observaciones de estilo, estructura y aproximación de su antigüedad.
Finalmente, no fue considerado por el INAH el valor de la traza histórica, que finalmente fue sensiblemente alterada. En este renglón existe un mapa que demuestra la permanencia de la traza, desde por lo menos 1855, pero los documentos de la finca demuestran que existían desde el siglo XVIII. Además, la finca constituía un remate visual y un elemento característico de la zona, su importancia se veía realzada por el hecho de ser un testimonio vivo del entorno de esa área y por haber sido testigo de personajes y acontecimientos sucedidos en más de dos centurias en la ciudad de Aguascalientes.

De tal manera, se han detectado varios problemas en la labor de protección del patrimonio histórico por parte del INAH: tienen una limitada fuerza cuando su labor se ve amenazada por autoridades gubernamentales en todos sus niveles; sus recursos financieros y humanos son todavía limitados, y su joven presencia en el estado no ha permitido concluir las arduas labores de catalogación del patrimonio con todas sus implicaciones (investigación de archivo, investigación bibliográfica y hemerográfica, levantamientos arquitectónicos, etc, etc.); existe, y esto es quizá lo más grave, una notable deficiencia en las leyes de protección, no sólo en México, sino incluso en las Cartas Internacionales, pues existen reglamentaciones bastante ambiguas, en las que “valor histórico”, “delimitación del centro histórico”, “valor arquitectónico”, y otros términos fundamentales no son definidos a cabalidad, y dejan muchas alternativas de interpretación que pueden adecuarse por los interesados en intervenir algún monumento catalogado o para su misma catalogación.
También es necesario señalar que existe una aparente apatía y falta de profesionalismo de los encargados locales y nacionales de esta Institución. En el caso particular que aquí se expone existieron omisiones graves de parte del Delegado Estatal, pero desde mi punto de vista el problema mayor se dio a nivel federal, pues de las pláticas sostenidas entre el Director General del INAH y el Presidente Municipal se llegó arbitrariamente a la decisión de que el INAH “no tenía facultades legales para proteger el inmueble”.

Pero si la prepotencia, el capricho, las prisas políticas, y la falta de profesionalismo y planeación por parte de las Autoridades Municipales fueron, junto con las deficientes leyes y omisiones de la institución “protectora” del patrimonio, las principales causas de la final demolición de estos monumentos en la ciudad de Aguascalientes, un factor que también juega un papel determinante en todos los casos que se dan a lo largo y ancho del país, es la falta de conciencia histórica de los habitantes, y la ignorancia o indiferencia que se tiene del valor que reviste el patrimonio social en todas sus presentaciones (histórico, arquitectónico, ambiental, lingüístico, artístico, tradiciones, costumbres, etc...).
Este problema surge en la casa y en la escuela, donde se prefiere suprimir materias como el civismo y se da muy poca importancia y se pervierten los contenidos de historia, siendo nulos los conocimientos que se ofrecen a los niños y jóvenes sobre su memoria histórica, y sobre el valor de su pasado y de la conservación de sus testimonios.
Relacionado con esto esta el papel de los medios de comunicación, que se conforman con dar a conocer, algunas veces, los boletines oficiales de la Presidencia Municipal, sin tomarse la molestia de cubrir de alguna otra manera la noticia, y mucho menos de investigar la factibilidad o importancia de los hechos. En el peor de los casos, como sucedió con un periódico local mal informado y tendencioso, se señaló que el INAH, (mientras se llevaron a cabo las negociaciones) obstruía tercamente acciones de primera importancia para la ciudad, como lo era la ampliación de las céntricas vialidades.
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Todo lo expuesto conduce inevitablemente a una reflexión, ¿Qué se puede o qué se debe hacer para garantizar la protección y conservación del patrimonio de una sociedad?, y a un más, una pregunta, de la que se debe partir y que no hay muchos que hayan enfrentado y respondido a cabalidad ¿Cuál es la importancia de proteger el patrimonio? Y más, y la cual no es raro escuchar de personas con altos títulos académicos: ¿Para qué conservar el patrimonio? ¿Para qué conservar casas viejas, trazas “históricas”, costumbres?
Los más elegantes llaman a los protectores o conservadores “mentes idealistas poco pragmáticas”, negados a la modernidad y obstructores de acciones benéficas que se hacen imprescindibles por el desarrollo de la sociedad, por el cambio de sus necesidades y el inaplazable cambio que ello requiere.
A decir verdad, no me considero yo el indicado para dar respuesta a todas estas preguntas, lo que si me parece que puedo hacer, es proponer la reflexión y dar algunos muy breves señalamientos sobre la importancia de la conservación de los monumentos históricos y más aún, de los centros históricos.